Informe sobre el 154 Período de Sesiones de la CIDH

19 de junio de 2015

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 154º Período ordinario de Sesiones del 13 al 27 de marzo de 2015. Durante estas sesiones, la CIDH eligió a sus autoridades, y su mesa directiva quedó integrada por Rose Marie Antoine como Presidenta, James Cavallaro como Primer Vicepresidente, y José de Jesús Orozco Henríquez como Segundo Vicepresidente. La elección se realizó conforme al reglamento de la Comisión, el primer día del Período de Sesiones. Los otros Comisionados y Comisionadas miembros son: Tracy Robinson, Felipe González, Rosa María Ortiz y Paulo Vannuchi. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.

Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, así como en la implementación de planes a fin de resolver el atraso procesal. También se realizaron numerosos encuentros con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, así como con el Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro. La Comisión asimismo recibió a representantes del Comité de Derechos Humanos de la Liga Árabe y de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; y a John Knox, Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las sesiones, la CIDH presentó asimismo el informe “Derecho a la verdad en América”.

La CIDH recibió información de que las personas de algunos países han sufrido represalias y reciben amenazas por asistir a audiencias y por acudir al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas, en las cuales se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como temáticas regionales de derechos humanos y diversas situaciones en 22 países. En las audiencias participaron delegaciones de 19 Estados Miembros de la OEA, así como más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 17 instituciones académicas. También se realizaron 29 reuniones de trabajo, 20 de las cuales fueron sobre soluciones amistosas. En este informe se presenta un resumen de cada audiencia, en el orden cronológico en el que fueron realizadas.

Caso 12.797 – Linda Loaiza López Soto y otros, Venezuela

En el transcurso de la audiencia, las partes presentaron información sobre el fondo del caso. De tal forma, Linda Loaiza López ofreció su testimonio describiendo los hechos relativos a la privación de su libertad y los graves actos de violencia sexual, física y psicológica a las cuales fue sometida por Luis Carrera Almoina. También compartió con la CIDH información sobre las numerosas barreras que enfrentó para acceder a la justicia y por qué considera que su caso permanece impune. El Estado por su parte destacó que existen dos sentencias emitidas por el poder judicial en este asunto, a la vez que destacó la independencia de dicho poder. Los representantes alegaron que el Estado Venezolano hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos en este asunto.

Situación general de derechos humanos en Venezuela

Durante la audiencia, la Comisión recibió información de la sociedad civil sobre la alegada injerencia del Poder Ejecutivo y el partido político oficialista en las instituciones del Estado, lo que tendría un impacto directo en la protección de los derechos humanos en el país. Las organizaciones destacaron la situación del Poder Judicial con relación al alto número de jueces y juezas, que según cifras oficiales, se encuentran en situación de provisionalidad. En tal sentido, las organizaciones participantes indicaron que los procesos de designación de altas autoridades del Poder Público se realizarían sin garantías suficientes para la vigencia del pluralismo, e informaron sobre hechos de persecución política. También presentaron cifras sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, y la grave situación de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH recibió denuncias sobre el incremento en la intimidación y hostigamiento hacia defensores y defensoras de derechos humanos, y en particular, a quienes acuden ante instancias internacionales, como por ejemplo las audiencias públicas en la Comisión Interamericana. Por su parte, los representantes del Estado cuestionaron la información aportada en relación con la situación de jueces y juezas provisionales, señalando que si bien la cifra es del 66%, el Estado viene realizando importantes esfuerzos para lograr su disminución. Asimismo, consideraron como un avance la instauración de la jurisdicción disciplinaria judicial en el año 2010 y destacaron que el Ministerio Público viene adelantando importantes acciones en la “lucha contra la vulneración de derechos fundamentales”. Finalmente, la Comisión recibió con preocupación información sobre la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de la fuerza letal y armas de fuego en el control de manifestaciones. Según lo señalado por el Estado, la Resolución regula el uso progresivo de la fuerza cuando sea necesario el control de manifestaciones que se tornan “violentas”.

Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela

En relación con la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) en Venezuela, las organizaciones solicitantes de la audiencia señalaron que altos funcionarios se han pronunciado públicamente de manera discriminatoria respecto de dichas personas. Según informaron las organizaciones, en Venezuela no hay reconocimiento de las familias diversas; existe discriminación en el ámbito de la salud; y no se llevan adelante investigaciones en los casos de crímenes de odio de personas LGBT, aún cuando incluyen ataques y detenciones ilegales por parte de agentes estatales. En tal sentido, destacaron que la situación de impunidad se agrava considerablemente en el caso de personas trans que ejercen trabajo sexual. En relación con la actividad de defensores, alegaron haber recibido amenazas relacionadas con el ejercicio de su defensa de personas trans, e indicaron que el Estado cierra espacios de participación a organizaciones que critican la situación de derechos de personas LGBT. Por su parte, los representantes del Estado indicaron que la discriminación contra personas LGBT es un tema cultural, y se refirieron antecedentes jurisprudenciales y medidas legislativas en garantía de los derechos de personas LGBT. Adicionalmente, indicaron que la Defensoría del Pueblo ha adoptado varias medidas en materia de capacitación de agentes estatales, aunque reconocieron que existen retos para la inclusión plena de personas LGBT. La CIDH insta al Estado a adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar las medidas estatales, incluyendo a través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y sus defensores.

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela

En la audiencia referida a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, los solicitantes indicaron que si bien en su momento se dio la implementación de una serie de políticas sociales (misiones), a partir del año 2012 se inició un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza. Las organizaciones participantes sostuvieron que no se han publicado las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2014, pero que el agravamiento de diferentes indicadores (inflación elevada, crisis en la prestación de servicios básicos y desabastecimiento generalizado) hace sostener que las cifras van en progresivo aumento. Asimismo informaron que se ha restringido el derecho a la educación plural y que se producen distintas violaciones al derecho de reunión pacífica, como por ejemplo el caso del estudiante Kluiverth Roa, quien según indicaron, murió por arma de fuego en una manifestación pacífica. En cuanto al derecho a la salud sostuvieron que los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, no funcionan conforme a los estándares mínimos (deterioro de las estructuras y el desabastecimiento de insumos y medicamentos). En particular, las organizaciones participantes de la audiencia solicitaron a la Comisión que no haya hostigamiento contra defensores y defensoras, organizaciones, y contra quienes trabajan en el ámbito del derecho a la educación y la salud que están documentando y denunciando las referidas violaciones en el país. Por su parte, el Estado informó sobre las gestiones emprendidas para dar cumplimiento a los objetivos del milenio de Naciones Unidas y manifestó que, junto con otros países de América Latina, ha sido ejemplo de desarrollo social.  Adicionalmente, los representantes del Estado aseguraron que en Venezuela no hay ataques a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. En cuanto a las cifras presentadas con relación a la pobreza, el Estado solicitó que dichos análisis se hagan científicamente y acudiendo a la verdad, sin que esto signifique que no se haga el trabajo de alerta cuando se detecten violaciones.

Tomado de la página de la OEA